Una importantísima victoria fue obtenida el 1 de octubre pasado en Miami cuando el juez federal, Alan S. Gold, falló en contra de una nueva ley del estado de la Florida cuyo propósito es impedir que los emigrados cubanos en Estados Unidos, especialmente los que viven en la Florida, puedan viajar a Cuba.
La decisión es una de carácter preliminar, el primer paso de lo que pudiera ser un largo proceso judicial en los tribunales federales. Pero de hecho, la decisión del juez Gold, suspende la efectividad de la Florida Travel Act (Ley de Viajes de la Florida), la ley en cuestión, hasta que un juicio posterior decida de manera definitiva sobre su legalidad.
Esta ley producto de la maldad y la estupidez del representante por el estado de la Florida, David Rivera, republicano, y sus aliados de la extrema derecha cubano americana, fue aprobada el pasado mes de junio por la Legislatura del estado de la Florida y firmada por el gobernador republicano, a instancias del sector reaccionario cubano americano, enemigo del derecho de los emigrados cubanos a viajar a Cuba. Estaba supuesta a entrar en vigor el 1 de julio pasado.
En aquel momento, un número de compañías fletadoras (charteadoras) de aviones que vuelan a Cuba y algunas agencias de viajes a la Isla, presentaron un recurso judicial ante el tribunal federal en Miami, pidiendo que se suspendiera temporalmente esta ley hasta que un juicio determinara su legalidad.
El gobierno del estado de la Florida pidió posponer la vista preliminar hasta el mes de septiembre. Fue esta la vista que culminó con la decisión del juez Gold el 1 de octubre.
Fundamentalmente la decisión se basa en la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, debido a que contraviene la Constitución política federal la cual otorga exclusivamente al gobierno federal -al Congreso y al Poder Ejecutivo- los derechos y poderes para legislar sobre el comercio internacional y la política internacional de los Estados Unidos. Adicionalmente la decisión del tribunal federal profundiza en otras cuestiones de carácter constitucional y de jurisdicción que son violadas por la ley floridana.
Esta decisión judicial, al imposibilitar la entrada en vigor de dicha ley hasta que un juicio posterior determine de manera definitiva sobre su constitucionalidad, le asesta una fuerte derrota política a las fuerzas de la extrema derecha cubano americana en Miami en su cruel afán por dar fin a los viajes a Cuba.
Es una costosa derrota política para ese sector a solamente cuatro semanas de las elecciones generales de noviembre en la cual está en dudas las posibilidades reeleccionarias al Congreso federal de los tenebrosos hermanos Díaz Balart.
Ambas campañas, al igual a la de su compinche en fechorías, Ileana Ros, han sido adversamente afectadas por la hecatombe económica y financiera que ellos, al igual que el resto de su partido republicano y su presidente, han llevado a la nación.
Las regulaciones federales que determinan y limitan el derecho de los emigrados cubanos en este país a poder viajar a Cuba y compartir con sus familias y otros seres queridos en la Isla, rechazadas por una amplia mayoría de la emigración cubana, son intensamente combatidas por un sector de la emigración cubana en Miami y otras ciudades en Estados Unidos.
Parte de ese sector son las organizaciones que en Miami integran la Alianza Martiana. Estas organizaciones han mantenido una constante campaña en contra de esas crueles medidas.
En lo que va de año han realizado ocho manifestaciones y caravanas de autos en contra de las prohibiciones. Asimismo, se han comprometido con realizar otras cuatro manifestaciones o caravanas de autos, una por cada una de las semanas que restan hasta las elecciones generales de noviembre.
Su lema es que no cesarán su campaña hasta ver derogadas todas las prohibiciones de viajes a Cuba.
Andrés Gómez
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