Fuente: Diario Digital RD
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Por Carmen Esquivel (*)
La muerte violenta de mujeres sin distingos de raza, edad o condición económica continúa siendo hoy un flagelo para la sociedad guatemalteca, a pesar de la aprobación de una ley que impone sanciones severas a este delito.
Sólo en 2008, organizaciones sociales reportaron alrededor de 600 asesinatos de féminas, un promedio de dos por día, y 10 mil casos de violencia intrafamiliar.
El fenómeno se repite año tras año con mayor incidencia en la capital, las grandes ciudades y los departamentos de la frontera con México, Honduras y El Salvador, donde existe un gran trasiego de personas.
Nada ha logrado revertir las estadísticas, ni siquiera la ley contra el Feminicidio sancionada en abril, que establece penas de hasta 50 años de cárcel para culpables de asesinatos y de cinco a 12 años para los de violencia sexual, física o psicológica.
El problema es que no se puede separar la ley de la justicia y si no hay castigo para los culpables, la situación se repetiría, declaró a Prensa Latina la activista del Sector de Mujeres Sandra Morán.
Insistió Morán en la necesidad de fortalecer el Organismo Judicial de manera que haya una solución permanente de los casos, y no como sucede ahora, cuando la casi totalidad permanecen impunes.
De acuerdo con la activista, este año se lograron resolver algunos hechos de alto impacto como el de la violación de una mujer indígena en un centro de detención y otros de asesinatos, pero estos son apenas un ínfimo por ciento del total.
Morán es una dirigente del movimiento social, conocida aquí no sólo por su labor en defensa de los derechos humanos, sino también por su carrera musical iniciada en los años 80, cuando formó parte del grupo Kin-Lalat.
Al abordar las causas de los feminicidios, menciona en primer lugar una estructura patriarcal muy enraizada en la sociedad, la cual produce una cultura machista y relaciones desiguales entre el hombre y la mujer.
Otro problema -dijo- es la debilidad de las instituciones y la falta de acciones preventivas. Según datos divulgados aquí, más de la mitad de las mujeres asesinadas conocían a sus victimarios y muchas habían presentado denuncias, pero no recibieron protección.
En el índice de muertes inciden también la violencia generalizada, el trasiego de armas, el narcotráfico y la proliferación de maras o pandillas juveniles que se dedican a extorsionar y asaltar.
Hay una ideología de la valoración del dinero y del poder por encima de la valoración de la vida y eso ha afectado las relaciones cotidianas de las personas, dijo Morán.
La activista destacó, no obstante, la toma de algunas medidas importantes durante el actual gobierno, que demuestran voluntad para buscar una solución al problema.
Entre ellas mencionó la tipificación por primera vez del feminicidio como delito, lo cual fue resultado de una lucha de muchos años, llevada a cabo por las organizaciones femeninas.
Otro paso importante fue la creación de nueve Centros de Atención Integral a las Mujeres, donde se brinda albergue a las víctimas de la violencia.
Ese es un cambio radical, si tenemos en cuenta que antes sólo funcionaban dos centros, uno en la capital y otro en la ciudad de Quetzaltenango, declaró.
También se estableció una línea de consultas legales, auspiciada por el Instituto de la Defensa Pública Penal, al cual pueden llamar quienes sufren agresiones para recibir asesoría.
Las autoridades impulsan, además, programas como Escuelas Abiertas, en virtud del cual los jóvenes acuden los fines de semana a sus centros de estudio para realizar deportes o participar en actividades recreativas.
El objetivo de estos proyectos es alejar la posibilidad de que se integren a las pandillas o sean utilizados por el crimen organizado.
Según la activista femenina, ahora existe un mayor compromiso entre las organizaciones sociales y el gobierno para erradicar el flagelo, pero la problemática es tan grande que aún no se mueven las estadísticas.
(*)Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala
Modificado el ( martes, 30 de diciembre de 2008 )
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