Es el único país del mundo que revisó sus cuentas por pagar a los acreedores externos, tras un año y medio de investigación, en la que participó el argentino Alejandro Olmos. Se harán juicios contra ex presidentes.
Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en concluir una auditoría completa sobre el origen de su deuda pública. Tras un año y cuatro meses de trabajo, una comisión internacional de economistas y abogados, que incluye al argentino Alejandro Olmos Gaona, se la presentó ayer al presidente Rafael Correa. Los expertos encontraron irregularidades administrativas, desvíos de fondos y maniobras ilegales detrás de 10 mil millones de dólares del pasivo, que ronda en total los 13 mil millones. Correa anticipó que dejará de pagar la deuda "ilegítima, corrupta e ilegal" Y aunque se tomará entre dos y tres semanas más para formalizarlo ante los acreedores, dejó trascender que empezará por los bonos Global –que suman casi 4 mil millones– y por 45 préstamos de organismos multilaterales que involucran otros 720 millones. Hubo celebración en la calle.
El mandatario ecuatoriano viene de imponerse por más del 64% de los votos en las elecciones constituyentes y es favorito para la reelección en febrero. Al presentar el informe, dijo que el peso de la deuda "debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con malas artes, chantaje y traición". Para eso iniciará juicios contra ex funcionarios, entre los que figura el ex presidente Gustavo Noboa, artífice de la dolarización de la economía en el año 2000, junto a su antecesor Jamil Mahuad.
Por el momento, la dolarización no se revertirá. Ecuador usa la divisa estadounidense desde hace ocho años. En 1999 la impulsó Domingo Cavallo como asesor de Abdalá Bucaram. Paradójicamente, uno de los colaboradores que reclutó Correa para desandar parte de su camino es otro argentino (ver recuadro). El informe sobre la deuda supera las 30 mil páginas y debió ser trasladado en 19 cajas de cartón al palacio de gobierno. Detalla con precisión las maniobras ilegales que concertaron los acreedores con las autoridades del país durante los últimos 32 años, con especial énfasis en la contraída durante la dictadura, entre 1976 y 1980.
La comisión investigadora descubrió que quienes precedieron a Correa desperdiciaron varias oportunidades "para cuestionar contratos, impugnarlos o aun solicitar una reconsideración o renegociaciones". También aceptaron que les cobraran intereses sobre los intereses caídos (algo prohibido por la Constitución local) y que los representaran los mismos abogados que a los acreedores. El informe acusó además al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a otros organismos de haber violado sus propios estatutos y haber defendido a los acreedores privados contra los intereses de los contribuyentes ecuatorianos.
Desde 1981 hasta 2006, según el estudio, el volumen de recursos que insumió el pago de intereses y amortizaciones superó en 7.130 millones de dólares lo que entró por préstamos. Aun así, la deuda externa con los bancos creció en el mismo período de 116 millones a 4.163 millones. Los especialistas de la comisión concluyeron que "el continuo flujo de pagos evidencia que el endeudamiento público no ha servido como una fuente de financiamiento, sino que ha sido una herramienta de saqueo de recursos y de sumisión a políticas impuestas por los organismos multilaterales". Como los mercados descontaban la dureza del informe, los bonos ecuatorianos detuvieron ayer su caída. Incluso recuperaron parte de su valor porque varios fondos buitres salieron a comprarlos a precio de ganga para luego iniciar juicios contra el país.
En Argentina fue sólo una declaracion judicial
La Argentina tiene un antecedente de repudio a su deuda externa. Fue a través de una sentencia del juez Jorge Ballesteros, quien en un fallo del año 2000 declaró que la deuda externa argentina contraída durante la dictadura militar había sido fraudulenta al comprobarse en los préstamos más de 470 irregularidades.
La causa había sido iniciada por el periodista parlamentario Alejandro Olmos a través del expediente 14.467.
Olmos hizo la denuncia tras constatar que de los 7 mil millones de dólares que debía la Argentina a principios de la última dictadura pasó a 45 mil millones en 1983. En el año 1981, Domingo Cavallo había estatizado la deuda externa.
La presentación de Olmos, en abril de 1982, ante el Poder Judicial involucraba directamente a José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo.
También a más de 180 empresas beneficiadas por la estatización de sus pasivos. En la lista figuran Perez Companc, Celulosa Argentina, Acindar, Bulgheroni y Bridas.
Al prescribir la acción penal, que se cerró sin condenados, el juez Ballesteros le transfirió su resolución al Congreso para que tome la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda externa (art.75) y establezca "las responsabilidades políticas" del caso. Sin embargo, los legisladores no trataron el asunto.
Un asesor desde Buenos Aires
El historiador argentino Alejandro Olmos Gaona, miembro de la comisión investigadora de la deuda ecuatoriana y asesor clave de Rafael Correa desde hace un año, reclamó ayer que el gobierno de Cristina Kirchner abra los archivos de la deuda local, cuyo origen no aceptó auditar hasta ahora presidente alguno. "No tengo grandes expectativas porque nuestro país y Brasil siempre fueron fieles seguidores de la ortodoxia financiera, pero si hacen públicos los contratos podríamos al menos empezar a avanzar un paso en el camino que se siguió acá", dijo a este diario desde Quito.
Olmos Gaona es hijo del periodista Alejandro Olmos, quien impulsó durante 20 años la causa judicial que declaró ilegal la deuda local, aunque no tuvo efectos concretos por la prescripción de los delitos demostrados. "La estafa de la deuda argentina es calcada de la ecuatoriana y del resto de las de la región. Planes como el Brady, emisiones como las de los Global y todas las refinanciaciones se hicieron en los mismos años y con los mismos abogados", acusó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario