REPRESORES DE LA DICTADURA Y PROCESADOS POR TORTURAS EN MALVINAS COBRAN PENSIONES HONORÍFICAS.
Martes, 16 de Junio de 2009
Nota Diario Miradas al Sur del 14-06-09
A veintisiete años exactos del rendimiento del ejército argentino en las Islas Malvinas, la verdad histórica sobre la guerra sigue asomando renga: al menos treinta y dos represores, habiendo actuado en centros clandestinos de la dictadura o en el Teatro de Operaciones de las islas –hace cuatro días, un fallo en primera instancia consideró los tratos crueles a conscriptos como delitos de lesa humanidad-, cobran las “Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur” que estableció el decreto 886/05 firmado en 2005 por Néstor Kirchner.
La medida, que extendió el beneficio a 3.500 oficiales y suboficiales y fue promulgada cuando aún no había condenas para los ejecutores del Terrorismo de Estado, es hoy en día difícil de sostener: sólo excluye a los condenados por violación de los derechos humanos, traición a la Patria, o delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. Incluso el ex Teniente de Navío Alfredo Astiz, condenado a reclusión perpetua por la justicia francesa y la italiana por secuestros y desapariciones de ciudadanos de dichos países, podría gestionar el beneficio.
El monto de las pensiones fue triplicado en 2004 a través de otro decreto, triplicando la dádiva que en 1990 había implementado Carlos Menem.
La lista actual de represores pensionados fue confeccionada por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, y es sólo un muestreo parcial –aunque contundente- del cruce entre los padrones oficiales de ex combatientes de Malvinas, causas judiciales y bases de datos de organismos de derechos humanos, de varios deshonrosos beneficiarios de las asignaciones de honor. La desidia estatal, incluso, permite que se den dos casos violatorios: un condenado a prisión perpetua a quien no dieron de baja, y otro que empezó a tramitarla -ya está en etapa de resolución- luego de una condena a 25 años de prisión.
Los pensionados. Mario Benjamín Menéndez, sobrino del genocida cordobés, fue durante el ensueño de la victoria el gobernador militar de las islas. “Hay testimonios de soldados que dicen que a cinco metros de la ventana de su oficina, había soldados estaqueados”, cuenta Ernesto Alonso, el presidente del Cecim La Plata. En tierra firme, Menéndez había sido Director de la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo desde octubre de 1977, y desde diciembre de 1979, comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén. La ley de Punto Final alfonsinista lo resguardó en los ’80, y hoy sigue facturando la gratificación vitalicia aunque El informe Rattenbach, elaborado por una comisión investigadora de la propia dictadura, concluyó que “no exhibió ni evidenció las aptitudes de mando y arrojo indispensables en la emergencia”.
Otros que pasan por ventanilla son el ex General de Brigada Omar Edgardo Parada, investigado en Corrientes por el secuestro de militantes montoneros que volvían en la contraofensiva; Alejandro Polano, con su triple condición de integrante del CCD “Campito”, carapintada, e imputado por el estaqueamiento de un conscripto en una base de Comodoro Rivadavia; y César Fragni, a punto de ser condenado por el asesinato del negrito Floreal Avellaneda. Hay otros casos que rozan lo desopilante: Norberto Ricardo Villegas, cobra mediante un apoderado a pesar de estar prófugo de la Justicia federal de Tucumán desde febrero de 2006 por la desaparición y el robo de la casa de Marta y Rolando Coronel en 1977.
La nómina incluye otros veintisiete hombres que actuaron en la represión ilegal, “y muchos de los imputados -agrega Alonso- de la megacausa de Río Grande que investiga más de cien casos de violaciones de derechos humanos a conscriptos en Malvinas”. Varias copias del informe fueron entregadas, tanto en Anses como en varias dependencias del Poder Ejecutivo, como Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de Derechos Humanos. “Una sociedad jamás será justa si no condena la impunidad y a quienes violan la Constitución y los Derechos Humanos, por ello solicitamos la derogación del Decreto 886/05”, interpelan desde el documento quienes padecieron más la saña de sus superiores que la artillería invasora.
A mediados de 2007, luego que el Cecim difundiera el catálogo del horror en los medios, el entonces director ejecutivo de Anses Claudio Moroni suspendió las asignaciones previsionales de los íconos del temible Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma y otros represores asignados a Malvinas. Si no se enmienda el decreto, es cuestión de tiempo para que algunos de ellos vuelvan a ser, para el Estado Argentino, hombres de honor: según la web del organismo, las apelaciones del Tigre Jorge Acosta y el Niño Juan Carlos Rolón a la resolución administrativa ya transitan con todas las de ganar los despachos judiciales.
Dos violaciones. A pesar de la amplitud de la norma, existen al menos dos casos en los que se violan sus límites. El primero es el del chueco Carlos Plá, ex subjefe de la policía de San Luis. Desde el 12 de marzo, está condenado a prisión perpetua en cárcel común por asesinatos, desapariciones y tormentos. Tres meses después, Plá sigue cobrando en el Banco Comafi de San Isidro su pensión de honor.
El otro, rayano con lo dantesco, es el de Horacio Losito, condenado en agosto del año pasado a 25 años de cárcel por asociación ilícita, diez secuestros y tormentos agravados, en el juicio al Terrorismo de Estado correntino en el que una grotesca Cecilia Pando amenazó de muerte a jueces y funcionarios. Por si fuera poco, el ex Coronel saldrá de la cárcel para responder por su participación en la masacre de 22 presos políticos en diciembre de 1976 en Chaco –conocida como Margarita Belén– por la que está procesado. Como un síntoma, pidió la pensión como veterano de guerra ocho días antes de que la causa fuera a juicio oral. El trámite avanzó sin mayores contratiempos por los recodos de la administración pública hasta llegar, el pasado 3 de junio, a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Anses, donde está en etapa de resolución. El recluso, que hasta 2003 fue agregado militar de la embajada en Roma, espera un final favorable. Tal vez cambie su pensión por cigarrillos.
Laureano Barrera.
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